Potenciar la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas que cuenten con 100 o más trabajadores -tal como indica la ley 21.015- es el objetivo de contar con una persona que desempeñe funciones en recursos humanos dentro de la empresa y que sea competente en la gestión de procesos de inclusión laboral de este colectivo.
La ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, entró en vigencia el 1 de abril de 2018 para las empresas públicas y privadas, y organismos del Estado con 200 o más trabajadores. A partir del 1 de abril de 2019 se hizo vigente para entidades entre 100 y 199 trabajadores, y ahora, a partir de noviembre de 2022 entrará en vigencia la ley 21.275 que exige a las empresas de 100 o más trabajadores contar con un “gestor de inclusión laboral” a fin de facilitar la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Desde enero de 2023, cada empresa tendrá que informar a la Dirección del Trabajo cuál de sus trabajadores es el que está certificado para cumplir con este rol junto con el reporte de trabajadores con discapacidad contratados según su obligación por la ley 21.015.
¿Qué es un/a “Gestor/a de Inclusión Laboral”?
Una persona con conocimientos específicos en materias que fomenten la inclusión laboral al interior de la empresa y ello es validado a través de la certificación otorgada por el Sistema Nacional de Competencias laborales (ChileValora), proceso realizado a través de alguno de Centros de Evaluación y Certificación de Competencias acreditados por este mismo organismo; ChileValora nació al alero de la Ley 20.267 del año 2008, con el fin de reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan adquirido los conocimientos y de si tienen o no un título o grado académico.
Se estima que alrededor de 6.500 empresas deberán contar con este cargo al interior de su organización.
¿Cuáles son las labores que desempeñará el/la “Gestor/a de Inclusión Laboral?
Desde el área de Recursos Humanos, este profesional deberá preocuparse de la coordinación de un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización; gestión de la implementación del plan de inclusión laboral y de la coordinación de acciones de capacitación sobre el tema, de acuerdo con el enfoque de derechos y normativas vigentes. Su rol dentro de la empresa garantizará el acompañamiento de quienes se integran o ya se encuentran insertos en el mundo laboral, en las diferentes áreas internas de las compañías.
¿Qué habilidades o conocimientos debe tener este profesional?
El perfil de este profesional es el resultado de un trabajo de varios meses por parte de más de 80 instituciones que conformaron mesas técnicas y del Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL), que contó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, representantes de gobierno, trabajadores y empleadores.
Entre las habilidades específicas con las que debe contar el Gestor de Inclusión Laboral se encuentran los conocimientos de procesos de selección de personas, de análisis de puesto de trabajo y de modelos de intermediación e inclusión laboral. Además, debe manejar técnicas relativas a la accesibilidad universal, conocimientos teóricos sobre discapacidad e inclusión laboral, lenguaje inclusivo, mecanismos que resguarden los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad, modelos de caracterización de la discapacidad, etc.
El perfil completo se puede revisar aquí.
¿Cuánto dura el proceso de certificación?
Entre uno y seis meses, desde que el postulante se contacta con el Centro de Evaluación, hasta que recibe su certificado.
Cabe destacar que no es necesario realizar una capacitación previa para iniciar este proceso y que, quien se certifica es la persona, no la empresa, por lo que se aconseja contar con más de un trabajador certificado por cada organización.
¿Cómo es el proceso?
Se explica en el siguiente diagrama:
Es conveniente considerar que, la certificación dura para siempre, pero el perfil ocupacional tiene vigencia limitada, ya que se evalúa y puede ir variando de acuerdo con las necesidades del sector productivo.