Según el estudio de Pacto de Productividad Chile, realizado por J-Pal de la Universidad Católica y Fundación Mis Talentos, esta alza registrada en los últimos 4 años, se explica por la retención de estos colaboradores y su recalificación como personas con discapacidad.
A cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley 21.015, Pacto de Productividad Chile, programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad (PcD), dio a conocer una evaluación del impacto de esta ley, realizada en conjunto con J-Pal de la Universidad Católica y Fundación Mis Talentos.
El estudio constató un aumento de 20,4% de los trabajadores con discapacidad contratados a contar de la aplicación de la Ley, en las empresas que cuentan con más de 100 trabajadores. Aunque, cabe precisar que esta cifra se produce principalmente por la retención de trabajadores con discapacidad que la empresa ya tenía, y no por un efecto de nuevas contrataciones.
Por otro lado, en el estudio se observa, un aumento de la masa salarial acumulada por PcD y el número de trabajadores con discapacidad con contrato, lo que está en línea con el aumento observado en el porcentaje y total de PcD a nivel de empresa. Sin embargo, no se observan efectos en el promedio de los salarios, ni en la proporción de PcD bajo contrato indefinido; esto implica que -pese a que la inclusión laboral de las PcD aumentó-, la calidad de este trabajo no ha mejorado significativamente, con la puesta en vigor de la ley.
En general, el estudio demostró una mayor adherencia de todos los tipos de empresas a esta ley, respecto al cumplimento con la cuota del 1%. Además, se comprobó que la inclusión laboral de personas con discapacidad es mayor en las firmas de mayor tamaño.
Para Ingrid Rojas, gerenta del Proyecto Pacto de Productividad Chile, “lo que nos mueve como organización es abrir el camino para fomentar la inclusión en todas sus dimensiones, buscamos sellar alianzas para que, cada vez, sean más personas con discapacidad las que puedan ingresar en el mercado laboral abierto, en las mejores condiciones y equidad respecto a las personas sin discapacidad. Nos sentimos satisfechos al corroborar con nuestro estudio, que las empresas se han abierto a la inclusión. Sabemos que aún hay mucho por avanzar en esta materia, pero ya estamos dando grandes avances”.
RECOMENDACIONES
Para terminar, el estudio agrega una serie de recomendaciones, entre las que destacan propuestas que actualmente impulsa el proyecto Pacto de Productividad Chile, y en las que se trabaja para profundizar en los próximos años:
- Implementación de la Ley y articulación de actores: Creación de un programa público que apoye los procesos de la ley de inclusión (radicado en SENCE-MINTRAB) con apoyo de SENADIS, y fortalecimiento de OMILs.
- Monitoreo del cumplimiento de la Ley: Reforzar el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, buscar otros incentivos que obliguen a las empresas a su cumplimiento, por ejemplo, que ChileCompra exija el reporte de cumplimiento de la ley en Chileproveedores. Finalmente, se propone la creación de un Observatorio de Inclusión Laboral, proyecto propuesto por Pacto de Productividad Chile, que contribuya a la generación y disposición de conocimiento e información de calidad.
- Promover la implementación de la Ley en el sector público: Superar las limitaciones en el número de funcionarios (planta y contrata) por medio de glosas presupuestarias que consideren cupos especiales, y se propone hacer accesibles las ofertas laborales y las plataformas de búsqueda de empleo de cada servicio público, tanto a través del portal www.empleospublicos.cl, como de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Definir un organismo rector y coordinador de la implementación de la Ley (fortalecer rol de la Dirección Nacional de Servicio Civil u otro). Revisar si corresponde a Contraloría General de la República el rol de fiscalizador del cumplimiento de la Ley. Incorporar indicador de desempeño de “inclusión” en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Exigir certificado de Dirección de Trabajo de cumplimiento de cuota a contratistas que se relacionan con el Estado por medio de glosas presupuestarias (como es el caso de JUNAEB, que se relaciona con muchas empresas privadas).
- Certificación de discapacidad: Realización de campaña de difusión de la credencial de discapacidad. Permitir la certificación de discapacidad también con certificado del Programa de Integración Escolar (PIE).
- Difusión de la Ley de Inclusión Laboral: Continuar difundiendo la Ley en el ámbito de la inclusión y los derechos sociales, la dignidad de las personas y la diversidad.