Los gestores y gestoras de inclusión laboral serán fundamentales para construir espacios de trabajo, que permitan a las personas con discapacidad avanzar en igualdad de condiciones.
La Ley 21.275 exige la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad a las empresas de 100 o más trabajadores, y señala como una de estas medidas, que al menos uno de los trabajadores o trabajadoras que se desempeñe en el área de recursos humanos cuente con conocimientos en materias que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En este sentido, la Ley, especifica que, para demostrar estos conocimientos, el o la trabajadora deberá contar con un certificado de competencias laborales otorgado por ChileValora.
Tras la promulgación de la Ley en octubre del 2020, ChileValora, recibe la solicitud de levantar el Perfil Ocupacional del Gestor/a de Inclusión Laboral, es decir, identificar los estándares que determinen las competencias que debe tener este trabajador o trabajadora que señala la ley.
Para levantar estos estándares, ChileValora convoca a instituciones de formación, organismos públicos, municipalidades, empresas, asociaciones gremiales, fundaciones y ONG´s a ser parte de las 12 mesas técnicas en que se trabaja elaborando el perfil ocupacional y al mismo tiempo, conforma al Organismo Sectorial de Competencias Laborales de Inclusión, con representantes de empleadores, trabajadores y trabajadoras, y organismos públicos, quienes, en conjunto validan las competencias levantadas.
Tras un trabajo comprometido de más de 80 instituciones y 108 expertos, en octubre de 2021, el directorio tripartito de ChileValora valida el nuevo perfil ocupacional de Gestor/a de Inclusión Laboral.
Hoy en día, ya existen 72 personas certificadas (55 mujeres y 17 hombres) y cerca de 100 procesos en ejecución para continuar certificando a los Gestores y Gestoras que deberán fomentar la inclusión laboral en los espacios de trabajo.
Desde su perspectiva ¿Cuál es la relevancia del Gestor/a de Inclusión en las empresas?
La Ley 21.275 busca garantizar una inclusión laboral efectiva en los espacios de trabajo y avanzar desde la sola contratación de personas con discapacidad a la generación de políticas internas que faciliten su inclusión y su pleno desarrollo. En esta tarea, la labor que cumplirán los gestores y gestoras de inclusión laboral es fundamental para construir espacios de trabajo que permitan a las personas con discapacidad avanzar en igualdad de condiciones.
El corazón de esta ley está muy relacionado a la misión de ChileValora, que es reconocer y valorar a los trabajadores y trabajadoras y su aporte en la productividad y crecimiento económico de nuestro país.
Los y las gestoras de inclusión tendrán la ardua tarea, en muchos casos, de generar un cambio cultural al interior de las empresas que nos permita reconocer el valor de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, es un rol que va muy a la mano del tremendo desafío que tenemos como país de avanzar hacia una empleabilidad digna, generando escenarios laborales que promuevan la igualdad de trato y permitan a todos los trabajadores y trabajadoras del país, sin discriminación, acceder a oportunidades de desarrollo laboral.
¿Cómo se obtiene la certificación?
Hay una evaluación que consiste en recoger evidencias directas o indirectas en el puesto de trabajo o bajo modalidad de simulación, donde un evaluador, que forma parte del registro de evaluadores habilitados por ChileValora, verifica el cumplimiento o no de las diversas destrezas, conocimientos, habilidades, es decir, las competencias establecidas en el perfil de Gestor/a de Inclusión Laboral.
La persona o empresa interesada en certificar competencias, puede ingresar a la página web de ChileValora, www.chilevalora.cl , buscar el perfil de Gestor/a de Inclusión Laboral en nuestro Catalogo y ahí encontrará toda la descripción además de los centros acreditados, así como sus datos de contacto.
Actualmente, contamos con cinco Centros acreditados para evaluar este perfil; Ecerlab, Bureau Veritas, Capitol Group, ChileAlimentos y Fulcro ABC.
El Centro escogido evaluará a la o el trabajador en su puesto de trabajo o en un espacio simulado para observar que cumplan con los requerimientos en cuanto a habilidades y conocimientos. Este proceso puede realizarse en una y/o dos jornadas que podrían extenderse hasta por un par de horas, para posteriormente elaborar los informes respectivos que son presentados a ChileValora, quien se encarga de validar estos procesos y determinar si la persona resulta competente o es aún no competente y, por tanto, debe reforzar alguna de las competencias a través de la capacitación.
¿Cómo ha sido el trabajo junto a Pacto de Productividad?
Como servicio público con carácter tripartito y cuya gobernanza se basa en el diálogo social valoramos enormemente espacios como los que promueve Pacto de Productividad en que organismos públicos y privados colaboran para promover la participación de las personas con discapacidad en el mundo laboral.
Cuando nos invitaron a ser parte de Pacto de Productividad desde sus inicios en el 2020, nos sumamos con el convencimiento de que la certificación de competencias laborales es una herramienta real de inclusión laboral y que nuestra labor en el levantamiento de estándares de competencias en los diversos sectores productivos del país se vería enriquecida con esta colaboración público – privada, permitiéndonos avanzar en oportunidades de formación laboral para una desarrollo formativo de los trabajadores y trabajadoras del país sin discriminación.
Es así como junto con ser parte del Consejo Consultivo de Pacto de Productividad, iniciamos un trabajo de transferencia técnica, dirigido a los Centros de Evaluación y Certificación acreditados por ChileValora, en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad.
Además, el apoyo Pacto de Productividad y sus socios nos han ayudado en la difusión del proceso de certificación del perfil de Gestor/a de Inclusión Laboral a todos los actores que de una u otra forma requieren información clara, para cumplir con la normativa que comienza a regir desde noviembre de este año.